El Consejo de Ministros acordó el pasado viernes interponer recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Andalucía 7/2003, de 20 de octubre de 2003, por la que se regula la investigación en esa comunidad autónoma con preembriones humanos no viables para la fecundación in vitro. El Gobierno entiende que esta norma "menoscaba las competencias del Estado" en materia de investigación. En concreto, el Ejecutivo estima que la citada Ley andaluza va en contra de las competencias que ostenta el Estado en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica, técnica y de sanidad, de acuerdo con el articulado de la Constitución.
Así, en un comunicado, el Gobierno advierte de que la Ley aprobada por la Junta de Andalucía "intenta determinar el concepto de preembrión no viable y regular el régimen de su destino a fines de investigación, determinación que sólo corresponde realizar al Estado". El Ejecutivo añade en su exposición que la mencionada Ley de Andalucía vulnera la normativa de la Ley del Estado de 1998, modificada la semana pasada por las Cortes a través de otro proyecto de Ley. Este proyecto de Ley da luz verde a la investigación con células madre embrionarias en España, con una serie de condiciones. Se prohíbe la creación de embriones con fines de investigación y sólo se podrán usar aquellos que se encuentren congelados en las clínicas sobrantes de las técnicas de fertilización in vitro hasta la entrada en vigor de esta Ley. Además, este tipo de investigaciones deberá ser coordinada por un Centro Nacional, dependiente del Ministerio de Sanidad.
Al respecto, la ministra de Sanidad y Consumo, Ana Pastor, manifestó que "los servicios jurídicos del Estado han visto que la ley andaluza" sobre reproducción humana asistida "puede vulnerar competencias del Estado". La ministra de declaró que la Ley estatal "es un proyecto abierto a todas las comunidades y todos los investigadores" y explicó que las recientes modificaciones en la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, que promueve el Estado, pretenden "evitar los partos múltiples y sus problemas para madres y niños". Según la ministra, se trata de una Ley "equilibrada, con principios éticos que todos debemos preservar".
Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de la Presidencia, Javier Arenas, aseguró que la decisión del Gobierno de recurrir la Ley andaluza "es una decisión estrictamente jurídica que no tiene nada que ver con voluntades políticas". En una rueda de prensa Arenas explicó que "se ha tomado la decisión con profundo respeto hacia todas las decisiones de la Junta, porque se entiende que en la norma andaluza hay una invasión de competencias del Estado".
En este sentido, precisó que "siempre que presentamos un recurso de inconstitucionalidad es porque los informes de los servicios jurídicos del Estado nos aconsejan el recurso, ya que se puede producir invasión o problemas en relación con la Ley del Estado que se acaba de publicar".
Así las cosas, los investigadores que tengan previsto llevar a cabo proyectos para comprobar la eficacia terapéutica de las células madre embrionarias no podrán hacer uso de este material biológico hasta que el Gobierno no regule los criterios que deberán regir este tipo de experiencias, en concreto, a través de un Real Decreto.
El Ejecutivo tiene previsto regular las condiciones para investigar con células madre embrionarias, así como un mecanismo de acreditación con el fin de que las comunidades autónomas puedan poner en marcha sus propios bancos de células madre que, en todo caso, deberán depender del Centro Nacional que impulsará el Ministerio de Sanidad y Consumo.
De esta forma, el centro y el banco de células madre recién creado por la Junta de Andalucía, con sede en Granada, tendría cabida en el marco normativo, siempre y cuando se ajustara a las condiciones establecidas por el departamento de Ana Pastor.
La polémica levantada por el recurso de inconstitucionalidad tuvo una rápida respuesta por parte de la oposición. La Secretaria de Políticas Sociales y Migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, manifestó que la decisión del Gobierno "constituye un flagrante atentado contra las expectativas que miles de pacientes con enfermedades crónicas y familiares habían depositado en el proyecto de la Junta de Andalucía".
Rumí considera que, "con esta decisión, el Gobierno del PP desprecia y desatiende los problemas a los que los diabéticos, los pacientes con Alzheimer y con otras enfermedades crónicas tienen que enfrentarse día tras día y quiere cerrar la puerta a la esperanza que la medida desarrollada desde la Junta de Andalucía había abierto a los enfermos, sus familiares y a la comunidad científica española".
Para Rumí, "el Gobierno ha dado un paso atrás de enorme magnitud y está impidiendo que la investigación científica de vanguardia llegue a convertirse una realidad en nuestro país". A juicio de la dirigente socialista, "el Gobierno no tiene escrúpulos cuando se trata de imponer planteamientos ideológicos y religiosos. Una vez más, el fundamentalismo se ha antepuesto a los intereses de los pacientes y de sus familiares".
A su vez, el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Francisco Vallejo, afirmó que el Ejecutivo "no puede hacer nada para parar la Ley andaluza de investigación con células madre". "A pesar de este recurso –manifestó-, la Junta tiene regulación suficiente en esta materia, al amparo de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, si bien no descartamos que intenten demorar la norma andaluza".
En declaraciones a Europa Press, el titular andaluz de Salud, que criticó que "con este recurso el Gobierno del PP demuestra realmente que no quiere que en España se investigue con células madre", explicó que las competencias exclusivas en investigación son de la Junta de Andalucía. "Por tanto -añadió-, pensamos que el Gobierno no tiene nada que hacer con este recurso, ya que de hecho llevan más de diez meses estudiando la Ley andaluza para ver si encontraban algún resquicio de inconstitucionalidad y no han encontrado nada".
No obstante, Vallejo reconoció que, con este recurso, "si es cierto que pueden intentar pedir una demora de la investigación, es decir que la Ley andaluza quede por unos meses en suspensión hasta que el TC dictamine sentencia" si bien, añadió que "aunque estuviese en suspenso la norma andaluza, en mi opinión hay marco jurídico suficiente", señaló la Carta Magna y el Estatuto de Autonomía, "como para que se pueda seguir con la investigación en base al decreto que hoy mismo ya ha salido a exposición pública en Andalucía".
Según destacó Vallejo, este anuncio "no coge de sorpresa a nadie", además de que "tampoco coge de sorpresa que el Gobierno del PP nuevamente ataque a Andalucía y siga una estrategia de acoso y derribo constante, con el objeto de que no se avance en nuestra comunidad". "La ministra de Sanidad y Consumo, Ana Pastor, lleva desde hace dos años en contra de la investigación con células madres embrionarias aunque, en los últimos meses y por motivos de presión de las asociaciones de pacientes y diabéticos de España, han tenido que sacar una Ley que, bajo el pretexto de que pretende regular la investigación, está dirigida a prohibir la misma en Andalucía".
